Dos años de cárcel para la presidenta de una oposición que destruyó exámenes de un aspirante



El Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres ha condenado a dos años de prisión y a otros 12 de inhabilitación para empleo y cargo público a la presidenta de un tribunal de oposiciones de Secundaria en Extremadura en 2010 por destruir exámenes e impedir que un aspirante obtuviera la plaza. La sentencia también la obliga a indemnizar al opositor con 40.000 euros (la Junta de Extremadura es condenada como responsable civil subsidiario) y le impone una multa de 6.750 euros (15 meses a razón de 15 euros diarios) por los delitos de prevaricación e infidelidad de documentos.

Ambos docentes mantenían entre ellos desde años atrás diversos enfrentamientos. La presidenta del Tribunal, según el fallo, actuó "de forma arbitraria, a sabiendas de su injusticia y que con ello perjudicaba al aspirante con quien tenían una enemistad manifiesta y que por ello la había recusado anteriormente".

Los hechos se remontan a abril de 2010 cuando se llevaron a cabo las oposiciones de Secundaria, en la especialidad de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. El opositor había solicitado la recusación de la presidenta alegando "enemistad manifiesta hacia él", pero dicha recusación no fue aceptada por la Junta de Extremadura, que no comprobó dichas alegaciones, y el proceso selectivo continuó su curso. Sin embargo, la sentencia señala que hay constancia de ese enfrentamiento personal en las actas del Instituto Emerita Augusta de Mérida, donde ambos docentes trabajaban en el curso 2006-2007. El opositor era entonces jefe de departamento.

Desde el inicio del curso, ya con el reparto de los horarios, se sucedieron distintos conflictos que fueron puestos en conocimientos de la inspección general, donde se acusaba al dicho jefe de departamento, también por otros profesores, "de favoritismo".

Cuatro años después, ambos profesores volvieron a cruzar sus destinos. Ahora, el jefe de departamento era aspirante a opositor y la entonces profesora a sus órdenes era la presidenta del Tribunal. Para la juez del caso, la actuación de ella fue "decisiva en la determinación de las calificaciones y a la hora de establecer los criterios de valoración, modificando los de la convocatoria". Además, le quitó un punto al aspirante por una "justificación peregrina" no contemplada en la convocatoria. Y por si fuera poco, queda probado en la sentencia que la examinadora destruyó los exámenes del opositor con el fin de que no se pudiera comprobar "si la valoración del examen de este opositor fue justa".

La presidenta del tribunal le había puesto la nota más baja de todos los opositores que se presentaron al examen y decidió llevarse para su estudio la programación entregada por el mismo "aun sabiendo que no era ella a quien correspondía, y, sabiendo además, que había sido recusada por su autor".

Además, a la presidenta del Tribunal no le correspondía corregir una de las pruebas del aspirante y sí a otro miembro del Tribunal, pero lo hizo "de forma consciente, voluntaria y se presume que con ánimo de influir en el Tribunal a la hora de calificarla". Una vez terminado el proceso de selección, "a propuesta de la acusada se decidió y procedió a la destrucción de los exámenes" y ello "pese a la base de la convocatoria, que obligaba a que toda la documentación del concurso oposición debía depositarse y quedar bajo la custodia de la Delegación provincial de Educación".

De todas formas, el opositor, a pesar de todas estas irregularidades, según la sentencia, "hubiera aprobado si no hubiera sido porque se le bajó un punto a propuesta también de la presidenta con un argumento un tanto peregrino y que hizo que el aspirante suspendiera la oposición". Además, en cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documento, el fallo advierte que "no es normal ni habitual que los exámenes se rompan sin poder dar la oportunidad a los opositores de revisarlos en caso de reclamación y más en este caso que la presidenta había sido recusada".

Proceso anulado

Posteriormente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) se declaró nulo este proceso selectivo, que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo. La denuncia había sido interpuesta por el afectado, que la interpuso en el año 2013 y que presentó una querella contra la presidenta del Tribunal. En el juicio, la acusada declaró que "no tenía ninguna inquina y relación de enemistad con el querellante" y que "no destruyó los exámenes para perjudicar a nadie". Sin embargo, la sentencia destaca que las decisiones que ella adoptó "sólo estaban dirigidas a amparar una situación en q leu se había prescindido de procedimiento habitual".


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